Imputaron a la organizadora de viajes acusada de una estafa millonaria
La Justicia entrerriana avanzó con la imputación formal de Carina Spahn, la mujer acusada de cobrar viajes turísticos que finalmente no se concretaron. La causa involucra a damnificados de Paraná, Diamante y zonas cercanas, con un perjuicio económico que rondaría entre 18 y 20 millones de pesos.
El caso tomó notoriedad pública el año pasado, a partir de las denuncias de personas que habían abonado importantes sumas de dinero para participar de excursiones, entre ellas viajes con destino a Mendoza, que luego fueron suspendidas sin la correspondiente devolución.
El abogado querellante Franco Azziani explicó que el legajo comenzó por un presunto incumplimiento de un viaje, pero con el avance de las denuncias la situación se agravó. “Esto fue escalando y se llegó a un total de 33 denunciantes”, señaló.
Según precisó el letrado, actualmente quedaron 23 hechos encuadrados legalmente como incumplimiento o estafa. “Hay 23 damnificados que al día de hoy siguen sin obtener ningún tipo de respuesta por parte de esta mujer”, afirmó.
A partir de esa situación, la Fiscalía resolvió imputar formalmente a Spahn por el delito de estafa. “Ahora tendrá que afrontar la investigación penal preparatoria”, indicó Azziani, al detallar que la causa ya ingresó en una nueva etapa judicial.
Durante el proceso existieron instancias de conciliación y acuerdos privados con el objetivo de evitar el avance penal, pero, según el abogado, esos compromisos no fueron cumplidos. “Hubo una instancia de conciliación, pero nada de eso se cumplió; inclusive los acuerdos privados tampoco se respetaron”, remarcó.
El representante de los damnificados explicó que, en este tipo de delitos de contenido patrimonial, suele priorizarse que las víctimas puedan recuperar el dinero abonado. Sin embargo, al no concretarse ninguna reparación, la causa continúa su curso.
“Si no hay reparación económica, la situación podría resolverse en un juicio oral y público”, advirtió Azziani. En ese sentido, sostuvo que la imputada deberá responder ante la Justicia si no existe una solución para las personas afectadas.
“En este tipo de delitos se prioriza que los damnificados sean resarcidos efectivamente. Si eso no sucede, la investigación sigue su curso y tendrá que responder penalmente”, concluyó el abogado querellante. (Con información de El Once)