Armándola se defendió de acusaciones por irregularidades en el Colegio de Corredores Inmobiliarios
Un grupo de 95 matriculados del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos formalizó un pedido de remoción del Comité Ejecutivo, que será tratado en la Asamblea Extraordinaria convocada para este viernes 22 de agosto.
La presentación se ampara en el artículo 53 del Reglamento Interno y se fundamenta en lo que los corredores consideran un “mal desempeño” de las autoridades, además de presuntos gastos irregulares. Según señalaron, el planteo busca “defender la transparencia, la legalidad y la participación democrática” dentro de la institución.
Los firmantes cuestionaron la falta de respuestas a pedidos de información y detallaron montos que generaron controversia: $81 millones en obras y gastos de sede, $9 millones en cartelería, $10 millones en carpintería, $1,6 millones en cortinas y $612.500 en un cuadro de autoría de la pareja de la presidenta.
Entre las críticas también mencionaron la falta de control interno, la toma de decisiones estratégicas sin aval de la Asamblea -como el cambio de sede y refacciones millonarias-, la desvinculación del COFECI y el uso discrecional de recursos.
“El balance anual no reemplaza la obligación de rendir cuentas detalladas y desagregadas. Queremos un Colegio transparente, participativo e inclusivo, donde la información circule y las decisiones estratégicas se tomen con el consenso de quienes sostenemos la institución”, expresaron los matriculados en su presentación.
Armándola se defendió de las acusaciones en su contra
Al respecto, la presidenta del Colegio, Paula Armándola, rechazó las acusaciones al apuntar que “son amenazas de denuncias”; y respondió: “Si consideran que hay irregularidades, deberían hacer la denuncia en la Justicia. Estas son calumnias e injurias que buscan romper la institución”.
La conducción actual adelantó que en la Asamblea se reconstituirá el Tribunal de Disciplina, tras la salida de su anterior titular; y sostuvo que se trabaja en la sistematización de datos y en la transparencia administrativa. “Cuando uno pone orden, el que se beneficia del desorden se enoja”, fundamentó.
De hecho, apuntó: “Es una tristeza que dentro de nuestro cuerpo de matriculados haya personas que busquen romper la institución”. “No parece leal y existen sospechas sobre las vinculaciones detrás de esta movida porque todo comenzó cuando se desvinculó la asesoría legal anterior”, repasó.
“El consejo directivo fue elegido para ordenar y redireccionar recursos en beneficio de todos, pero al cumplir con ese rol surgen estas situaciones que resultan inentendibles. Lo más inentendible aún es que nos acusan de hechos que ni siquiera denuncian”, indicó Armándola.
“Este Consejo Directivo está comprometido con el cumplimiento de la ley y con los objetivos de transparencia. Trabajamos para brindar tranquilidad y claridad a los matriculados, mostrando los resultados de nuestra gestión. Si bien existen cuestiones complejas, como una deuda prescripta por falta de cobro oportuno, la institución está en orden y segura. Estamos reconstituyendo el Tribunal de Disciplina, lo que nos permitirá volver a la normalidad y avanzar en la resolución de los trámites pendientes”. (El Once)