Informe especial: usurpaciones sin fin en Pueblo General Alvear
La revelación que hizo en 2021 el programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) sobre la ocupación ilegal de tierras fiscales que efectuaron los imputados en la causa de los contratos truchos de la Legislatura, Alfredo Bilbao y Hugo Mena, abrió el panorama sobre una problemática extendida en la localidad de Pueblo General Alvear. El informe periodístico mostró el trabajo de la Dirección de Tierras Fiscales para constatar las irregularidades y la posterior tarea de Fiscalía de Estado para dar curso a sendos expedientes con el objetivo de recuperar los bienes usurpados a la provincia.
Hoy, pese al accionar de ambos organismos para recuperar esos bienes de la provincia y las intimaciones efectuadas, la ocupación de las tierras continúa. Según pudo comprobar Cuestión de Fondo Bilbao sigue haciendo uso comercial de una enorme casa quinta, que alquila para eventos y fines de semana, y hasta continúa efectuando mejoras, como la pileta de importantes dimensiones que construyó en los últimos meses.
Un poco de historia
Las tierras administradas por la Dirección de Tierras Fiscales de la provincia fueron donadas por el Consejo Agrario Nacional (CAN) al Estado provincial en el año 1960, mediante escritura de Transferencia N°9 inscripta el 31 de mayo de 1960 en Diamante.
La mayoría de esos inmuebles fueron vendidos por el gobierno provincial en la década del ‘60 a través del Consejo Agrario Provincial, y luego en 1992, mediante licitación pública 10/92 por el Instituto Provincial de Transformación y Colonización Agraria de Entre Ríos (IPTYCAER), organismo hoy ya inexistente.
Posteriormente, en 1995 se trató un proyecto de ley que buscaba regularizar la situación de lotes fiscales que se encontraban ocupados de forma irregular que por ello no habían entrado en dicha licitación. En términos generales, el proyecto autorizaba al IPTYCAER a vender lotes a quienes los estaban poseyendo, los cuales se encontraban individualizados. Sin embargo, ese proyecto no prosperó.
A partir de gestiones de la Junta de Gobierno de Pueblo General Alvear que inició en 2004, en conjunto con la Dirección de Tierras Fiscales, comenzaron acciones tendientes a regularizar esas ocupaciones, que finalmente culminaron en el otorgamiento de autorizaciones precarias y comodatos por parte del organismo.
En 2015 se comenzó a trabajar en una solución definitiva a la ocupación de las tierras de Pueblo General Alvear que dio origen al Expediente N° 1.695.461. El mismo concentra todos los pedidos de renovación de los comodatos, y actualmente cuenta con más de 500 fojas y se encuentra a consideración del Poder Ejecutivo. Además, en ese contexto, en el año 2017 se realizaron relevamientos de los inmuebles –objeto de regularización de ese expediente- a través del Ministerio de Desarrollo Social y en trabajo conjunto con la Junta de Gobierno y otras áreas.
Durante 2020 y 2021 se solicitó a la Policía de Entre Ríos que realice constataciones de los inmuebles que no habían sido incluidos en esos relevamientos, y de los cuales no había antecedentes actualizados. El resultado de tales constataciones fue la detección de ocupantes de hecho; por lo cual se agruparon las pruebas según la ubicación de los inmuebles, se produjeron los respectivos informes de competencia y se elevaron a consideración de Fiscalía de Estado, en forma de expedientes administrativos N°2.557.712; 2.586.378; 2.540.379; 2.539.755; 2.578.879; 2.575.525; 2.580.633; 2.580.640 y 2.579.350.
A partir de los mismos, hoy se están realizando mediaciones a través de la Fiscalía de Estado.
Ya en 2021 el director de Tierras Fiscales, Leonardo Caluva, explicitó ante Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) que una vez elevados los expedientes a Fiscalía de Estado “pueden implicar acciones judiciales que pueden ser civiles y penales” y “también podría ocurrir el desalojo de las tierras”.
Reveló que “por las constataciones de la Policía hay distintas situaciones detectadas: hay gente que vive efectivamente, gente que tiene casas de fin de semana y en menor medida, tres lotes que están siendo utilizados con siembra”.
Sobre el caso puntual de las ocupaciones de Alfredo Bilbao y Hugo Mena, el funcionario aclaró que “el lote que ocupa Mena estaría dentro de los terrenos del Consejo Agrario Nacional que no fueron donados a la provincia, que es toda la parte de barrancas que no se donó. En cambio el lote de Bilbao sí está dentro de los donados a la provincia y por eso se lo intimó a que desocupe el inmueble”.
Confirmó el funcionario que ante la intimación Bilbao “se presentó con un recurso de apelación jerárquica para lo cual se conformó otro expediente que está siendo tratado”.
En cuanto a la situación de Mena, indicó que la ocupación de tierras nacionales “es un delito y corresponde a la Nación instar las acciones” para lo cual “existe la Agencia Administradora de Bienes del Estado (ABE), que es un organismo mucho más grandes que Tierras Fiscales y con mayores facultades”.
En detalle: situación de las tierras de Pueblo General Alvear
– La superficie total de lotes del pueblo (s/plano de 1934): 678,8930 hectáreas.
– La superficie donada por el Consejo Agrario Nacional al gobierno provincial en el año 1960: 409,62 hectáreas.
– La superficie vendida en 1960 por el Consejo Agrario Provincial: 340,7568 hectáreas (pendientes de escriturar: 11,4639 hectáreas)
– La superficie vendida en el año 1992 POR EL IPTYCAER: 30,8471 hectáreas (pendientes de escriturar: 6,75 hectáreas)
– La superficie remanente del gobierno provincial (al 2022): 38,0161 hectáreas.
*5,1077 hectáreas en poder de organismos públicos (Junta de Gobierno, CGE, Policía, Ministerio de Salud, Obras Sanitarias)
*15,2574 hectáreas tienen autorizaciones de uso/comodatos vencidos (Expte.N°1695461)
* 17,651 hectáreas con intrusos, según constataciones efectuadas por la Dirección de Tierras Fiscales de la provincia en 2020 y 2021.
Testimonios de los protagonistas
La ex presidenta de la Junta de Gobierno de Pueblo General Alvear, Marina Meccia, contó a Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) su experiencia y el trabajo realizado ante la cantidad de terrenos ocupados en la localidad: “Cuando entré, enseguida me llamaron desde la Dirección de Tierras Fiscales de la provincia que me envió un listado de la gente que tenía, en ese entonces, un comodato que duraba dos años y que a través de la Junta de Gobierno se renovaba. Era un permiso de uso pero se sabía también que la gente construía para vivir”.
“Esa gente además, en mi segunda gestión, tuvo la posibilidad de entrar en un relevamiento para que esas tierras puedan ser vendidas en cómodas cuotas a la gente que pudiera adquirirlas, como hacia anteriormente el gobierno con algunos terrenos de la provincia. Formaron parte de este proyecto varios Ministerios, entre ellos el de Desarrollo Social que les hacía una entrevista a la gente para ver quienes no tenían posibilidad de comprar la tierra y cederles la escritura. Esto fue para legalizar un poco la cuestión y que no estén como usurpadores, que no lo eran porque tenían un permiso de uso”, explicó.
“En ese momento no tuvimos en las tierras fiscales usurpaciones. También me tocó entrar en la recuperación del borde costero, donde con la gente que ya tenía viviendas en la costa se había llegado a un acuerdo donde lo mejor era otorgarle un permiso de uso. Tampoco se puede otorgar escritura porque la barranca es muy inestable, cae sobre las propiedades o el río va comiendo. Sí nos habían exigido en ese momento que denunciemos si seguían construyendo, pero las Juntas de Gobierno no tienen poder de policía y en aquella ocasión me tocó hacer muchas denuncias sobre todo por la situación en las bajadas, denuncias que se encuentran en Fiscalía de Estado”, apuntó.
Constataciones
La tarea de la Dirección de Tierras Fiscales para regularizar la situación en 2020 y 2021 contó con el invaluable trabajo de la policía provincial y particularmente del comisario Matías Franco, a cargo de la comisaría de Pueblo General Alvear, quien recorrió cada hectárea y cada inmueble detectado para constatar la situación de cada uno.
Sobre ese trabajo, ante las cámaras de Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), Franco comentó: “A mediados del 2020, que estuve a cargo efectivamente de la comisaría de Alvear, los relevamientos comenzaron por una colaboración con el director de Tierras Fiscales, Leonardo Caluva, que comenzó a solicitar constataciones de diferentes inmuebles del patrimonio del Estado provincial”. “Ahí se constataron innumerables inmuebles en diferentes manzanas que pertenecen al Estado, la mayoría estaba ocupada algunos tenían comodatos pero ya vencidos, no renovados, y la mayoría estaba irregular”, apuntó.
En tal sentido, dijo que “en todas las constataciones fueron identificados cada inmueble y las documentales fueron elevadas a la Dirección de Tierras Fiscales, y ahí siguen los pasos administrativos”.
Sobre la continuidad del trabajo, teniendo en cuenta que hoy las ocupaciones continúan, afirmó que “en algún caso tuvimos que parar construcciones, pero en otros casos llegan pedidos de Tierras Fiscales por algún seguimiento que hacen ellos vía satelital y se ven los movimientos. Nos alertan y hacemos las constataciones de forma inmediata”. Agregó que “algunos (de quienes ocupan) tienen planos de mensura o están pagando partidas pero los estaban dando de baja, según lo hablado con Tierras Fiscales”.
Consultado respecto de si es una práctica habitual y común que la gente aparezca y se instale sin mayores trámites en la costa, afirmó: “Hoy prácticamente en la costa en su mayoría hay edificaciones ya de varios años. Hay mucha, casi en su totalidad. Hoy no es tan vía libre tomar un terreno y empezar a edificar porque hay vecinos que tienen muchos años de posesión que se quejan, advierten la circunstancia si llega gente y avisa”. “Ahí tenemos intervención en situaciones donde nos llaman y detenemos el accionar de esa gente para que no se siga metiendo más gente en un lugar que no corresponde”, concluyó.
Estado de los trámites
Consultado por Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) sobre el estado actual del tema, teniendo en cuenta la comprobación de que Alfredo Bilbao, Hugo Mena y otras personas que fueron notificadas en su momento continúan con esta ocupación ilegal, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes consignó que “cuando se detectó que habían empezado a producirse ocupaciones se hicieron varios relevamientos, varias intervenciones, se tomó contacto con las personas que estaban allí ubicadas y se iniciaron acciones, primero administrativas y actualmente casi en todos los casos ya estamos en la etapa de la mediación, etapa previa a la demanda judicial la cual se tiene que hacer sí o sí porque se trata de inmuebles del dominio privado del Estado”.
Aclaró que “los bienes inmuebles pueden ser del dominio público como una plaza, la Casa de Gobierno, un puerto, son bienes que están asignados a fines de utilidad pública; o bienes del dominio privado, como es en este caso. La diferencia es importante: los bienes del dominio público no se pueden vender, enajenar, prescribir, y en cambio los bienes del dominio privado sí; por eso es más difícil la defensa judicial de estas situaciones. Y estamos en esa etapa de mediación judicial”.
En cuanto a la intención de estas demandas, confirmó que “el objetivo es la recuperación de esos inmuebles, sin miramientos; sin mirar a nadie subjetivamente ni lo que están haciendo, simplemente constatar desde el punto de vista dominial que es un bien que le pertenece a la provincia –por la razón que fuere- y que está ocupado por alguien que no tiene derecho. Entonces promovemos la demanda judicial, y después en el ejercicio del derecho de defensa el ocupante dirá lo que está haciendo, porqué está ahí, si lo compró o no, la defensa que fuere. Pero el propósito de la Fiscalía es la recuperación del uso del bien”.
Puntualmente sobre el caso de Alfredo Bilbao, imputado por la causa penal de corrupción conocida como “contratos truchos”, que fue intimado a desalojar en 2021 pero que continúa ocupando las tierras de la provincia, Rodríguez Signes comentó que “la situación con Bilbao es que hay un expediente administrativo bastante voluminoso donde él opuso defensas frente a los actos de constatación que hizo la provincia –porque la provincia como en todos los casos fue y constató que efectivamente él estaba ocupando ese lugar-, defensas que le fueron rechazadas, incluso él intentó comprar u ofrecer la compra del bien, cosa en la cual no hubo ningún acuerdo y está encaminado al proceso judicial”.
“En cuanto a las mejoras, desde el momento en que él está intimado a devolver el bien, corren por su cuenta las mejoras que haga. En general, las únicas mejoras que podrían eventualmente llegar a reconocer la provincia serían las que se llaman mejoras necesarias, las que se hacen para preservar un bien, como por ejemplo una defensa contra inundaciones o alguna cosa de ese tipo, pero las mejoras suntuarias, para el uso o comodidad de quien está ocupando no son susceptibles de reconocimiento por parte de la provincia”, agregó.
En relación con la situación del matrimonio de Hugo Mena y Flavia Beckman, también implicados en la causa “contratos truchos” y también ocupando terrenos ilegalmente en Alvear, el fiscal de Estado aclaró que “la demanda es igual para todos, cada uno planteará la defensa que considere que debe plantear”.
Cabe recordar que en su momento Mena planteó la tenencia de un permiso de uso donde el terreno se ocupaba para un micro emprendimiento hortícola, cosa que nunca se constató. Al respecto, Rodríguez Signes explicitó: “En los casos donde hubo alguna solución fue sobre todo en zona de islas donde encontramos producciones apícolas, de pequeños productores de miel, donde se constató con la Dirección de Tierras Fiscales y la Dirección de Agricultura, se hicieron permisos de uso pero sobre la base del reconocimiento del dominio de la provincia. De ninguna manera nosotros convalidamos la apropiación ilegítima, no lo hemos hecho nunca, en ninguna causa. Incluso se nos puede reprochar una intransigencia en la defensa del dominio del Estado, porque a veces vienen usucapiones y en el 100% de los casos nos oponemos, a excepción de que realmente esté muy consolidado el desinterés de la provincia porque no es un bien del dominio de la provincia. Es más, el Superior Tribunal de Justicia desde hace ya unos 15 años notifica a la Fiscalía de Estado de todas las usucapiones, cosa que antes no se hacía y que permitió que la provincia perdiera muchos bienes. Actualmente nos oponemos a todo eso, y después se verá, y la decisión no es mía sino que es una decisión que termina siendo del Poder Ejecutivo si hay una razón atendible para adjudicar el bien en permiso de uso. No conozco el caso de Mena y no creo que sea atendible esa situación atento todas las demás connotaciones que tiene el caso”.
También aseguró que las constataciones para evitar la ocupación ilegal “se siguen realizando permanentemente, tenemos esa política constante. Pero hay problema estructural porque los bienes del dominio de la provincia –especialmente lo de dominio público- no están escriturados, entonces hay que ver en cada caso si es o no del dominio público de la provincia. Para eso existe la Dirección de Tierras Fiscales y la Unidad e Control de Inmuebles. Muchas veces vemos las publicidades que hay de venta de islas, de terrenos e inmediatamente el estudio, el análisis de la situación”.
Agencia administradora de inmuebles del Estado provincial
En el marco de este informe, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes adelantó a Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) que se está trabajando en un proyecto para crear la Agencia administradora de inmuebles del Estado provincial.
La iniciativa “busca la centralización de toda la actividad inmobiliaria del Estado Provincial a los fines de ordenar el inventario de inmuebles que componen el patrimonio estatal, y lograr una eficiente administración y disposición de estos y de los que en el futuro se incorporen, promoviendo el desarrollo económico-productivo y la inclusión social”.
Recuperación de islas frente a Rosario
En 2021 la Fiscalía de Estado inició acciones contra una persona que se encontraba vendiendo fracciones de islas frente a Rosario. En diciembre de 2023 se realizó una audiencia en el ámbito penal donde se logró el reconocimiento de la propiedad del Estado provincial por parte del demandado, y se acordaron tareas para regularizar las ocupaciones. La zona comprometida suma alrededor de 21 hectáreas.
“Eso es muy interesante porque allí se puso en marcha el sistema de mediación penal, hubo una denuncia penal por tierras frente a Rosario, bajo el ultimo puente, una zona sensible y bastante importante, también con construcciones muy importantes. Se hizo la denuncia penal, tuvimos el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal, se hizo una mediación, los denunciados –que eran inmobiliarias- admitieron la irregularidad y devolvieron todo a la provincia. Se comunicó de esta devolución al Ministerio de Seguridad para que sea quien atribuya el uso de esos bienes dada la situación de público conocimiento que sucede en Rosario. No hubo reclamo por parte de los denunciados y devolvieron las tierras y todas las construcciones, funcionó la mediación penal lisa y llanamente”, concluyó Rodríguez Signes.
Otros casos
Aldea Brasilera
Según el informe de la Fiscalía de Estado, desde 2011 se realizaron gestiones tendientes a recuperar una fracción de terreno (5 hectáreas) en zona de Aldea Brasilera, la cual fue finalmente recuperada en el año 2023 a partir del trabajo conjunto de la Dirección de Tierras Fiscales, la Dirección de Áreas Protegidas, la Unidad de Control de Inmuebles y el Municipio de Aldea Brasilera.
Fue incorporada al Sistema de Áreas Naturales Protegidas, más precisamente al Parque Natural Monte de la Paloma. (AnálisisDigital)
Foto de archivo